Valezka VasquezAvances en el financiamiento y asistencia técnica para mejorar el impacto de los proyectos en las zonas rurales de los países latinoamericano.
América Latina es una de las regiones del mundo más ricas en agua, y sin embargo 34 millones de personas aún no tienen acceso a esta. En las zonas rurales es donde la situación es más precaria: 21 millones de latinoamericanos que viven en estos territorios no tienen acceso a un servicio adecuado de agua potable y 46 millones no disponen de instalaciones de saneamiento básico. Esto genera importantes implicaciones para la salud, la productividad y bienestar de los habitantes rurales; la falta de esos servicios básicos acentúa el ya alto nivel de vulnerabilidad de esta población, en gran proporción de origen indígena y afrodescendiente.
Para lograr acortar estas brechas existentes y ofrecer servicios de agua y saneamiento eficientes y seguros a todos los latinoamericanos, promoviendo la inclusión social, será imprescindible redefinir el concepto de lo rural, ya que si tomamos otras definiciones la proporción de habitantes rurales podría ser mucho mayor de lo que se considera habitualmente. La nueva ruralidad de América Latina, un concepto discutido en una reciente publicación sectorial de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, es una concepción a la que se deben incorporar dimensiones socioeconómicas, demográficas, de acceso a servicios y conectividad, que suelen ser ignoradas en el tradicional e insuficiente enfoque censal que comúnmente se ha manejado hasta ahora.
En este concepto, por ejemplo, se podrían considerar rurales a poblaciones que viven en territorios con una densidad menor a 15 habitantes por km2 y con tiempos de viaje sobre hora y media a centros urbanos que poseen un determinado nivel de servicios.
En pocas palabras, en las últimas décadas se han experimentado cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos que han modificado la vida rural en América Latina: mayor conectividad física; impactos de la revolución digital; los efectos de la globalización social, financiera y comercial; etcétera; aspectos que exigen que sean replanteadas las definiciones sobre lo urbano y lo rural en cada país. Con nuevos términos para definirlo, cabe considerar tres elementos. En primer lugar, la manera más eficiente de abordar la ruralidad es adoptando un concepto territorial, es decir, identificar territorios diferenciados de los urbanos tomando como base variables ya mencionadas como la densidad, el tamaño de la población, la distancia o el tiempo de recorrido hasta una localidad urbana y el predominio del tipo de actividad u ocupación de los residentes.
Un segundo elemento es la definición de políticas públicas y enfoques de proyectos específicos para lo rural, donde se consideren el diseño de proyectos integrales en los que las infraestructuras necesarias para el servicio mantienen un equilibrio entre la evaluación económica de las alternativas y los impactos sociales y ambientales, y adicionalmente buscan complementariedades con otros sectores -ambiente y cambio climático, educación, salud- para avanzar hacia una gestión integrada de los servicios básicos de agua y saneamiento.
Bajo esta nueva definición de lo rural, la población en estas áreas de Latinoamérica podría sobrepasar el 30% del total, por lo que se hace indispensable que las estrategias y la planificación de las inversiones en agua y saneamiento tomen en cuenta las particularidades propias de estos territorios y las poblaciones que los habitan mejorando la eficiencia de las políticas públicas que se implementan, con especial consideración por las pequeñas comunidades indígenas y afrodescendientes, que suelen ser las más desfavorecidas por la falta de acceso a estos servicios, principalmente en el caso del saneamiento básico, donde los niveles de cobertura son aún inferiores.
Países como Bolivia y Ecuador, en los que CAF es el principal financiador multilateral en el sector agua y cuyos porcentajes de población rural están por encima del promedio regional, han mostrado en los últimos años avances importantes en materia hídrica. En el caso de Bolivia, en 2014 la inversión del país en el sector representó el 0,55% del PIB, casi el doble de lo observado en la mayoría de los países de la región. Además, constituye una serie de experiencias exitosas en las que los gobiernos locales han brindado asistencia técnica a los operadores y comunidades rurales en la fase pos proyecto.
Aun así, Bolivia es el país de la región con menor porcentaje de cobertura de saneamiento básico en zonas rurales, por lo que todavía queda camino por recorrer. Con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, desde el año 2011 CAF financia el programa MI AGUA, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, contribuyendo a que más de 120.000 familias de zonas rurales tengan acceso a agua y saneamiento, y otras 80.000 dispongan de sistemas de riego que mejoran la seguridad alimentaria.
En el marco de MI AGUA, la institución recientemente estipuló que una fracción de los recursos aprobados se destinará a financiar un programa de acompañamiento pos proyecto que se extenderá por seis meses, con el objetivo de transferir conocimientos y capacidades para mejorar el impacto sostenido en la calidad de vida de los habitantes.
Una reciente publicación de CAF, «Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad de América Latina», fue presentada en la capital boliviana con el objetivo de iniciar un espacio de diálogo acerca de los desafíos del agua y saneamiento rural en la próxima década, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este encuentro permitió la participación de representantes de agencias de cooperación, autoridades locales y otros expertos, para poner en discusión aspectos de vital importancia para mejorar el impacto de los proyectos de agua y saneamiento rural, como la necesidad de políticas públicas diferenciadas para lo rural desde la óptica de diferentes sectores o la importancia de mejorar la sostenibilidad de los servicios en la fase pos proyecto, aspecto que ha sido tratado con mayor profundidad en el diálogo sobre la sostenibilidad de los sistemas rurales con el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA).
Por otra parte, CAF ha apoyado los esfuerzos que se han realizado en Ecuador para mejorar las condiciones de vida y salubridad de las poblaciones rurales y urbanas marginales más pobres y desatendidas del país. A través del Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (PROMADEC) se contribuye a la reducción de la inequidad y la pobreza, mediante la ejecución de 655 proyectos integrales para la provisión de los servicios de agua potable, saneamiento y manejo de residuos sólidos que mejoran las condiciones de vida de 5,2 millones de habitantes, equivalente a un tercio de la población del Ecuador, favoreciendo en gran medida a las zonas rurales, además de poblaciones urbano-marginales en prácticamente todas las jurisdicciones del país. Con el fin de orientar la inversión a un modelo sostenible, el programa también contempla el financiamiento de estudios de pre inversión y actividades de apoyo y fortalecimiento institucional del ente rector (SENAGUA) y de los gobiernos locales.
Para que los habitantes rurales de América Latina puedan ejercer su derecho al agua y saneamiento es necesario, además de aumentar significativamente las inversiones, que los gobiernos implementen proyectos de desarrollo incorporando los conceptos, tecnologías y modelos de gestión que aseguren la sostenibilidad de los servicios para las familias. Si el servicio prestado no es sostenible, será necesaria una reinversión en rehabilitación o nueva infraestructura en pocos años, derivando en gastos superiores para los gobiernos.
Fuente: Banco Interamericano
