Valezka Vasquez“El agua es vida, cuidémosla” es una frase muy utilizada para concientizar a la población respecto de la importancia de este recurso para el desarrollo del ser humano y de la vida en general. Tal es su importancia, que a nivel mundial se ha reconocido como un derecho de todo ser humano el tener acceso a ella. Sin embargo, nos debe preocupar no sólo el acceso al agua sino su conservación y su manejo siendo este recurso escaso, finito y vulnerable.
El disponer de agua potable y su saneamiento ha sido consagrado en varios instrumentos internacionales (tratados, declaraciones y otras normas) como un derecho humano, lo cual hace que desde la perspectiva del Derecho Internacional, los Estados, como Costa Rica, deban respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos[1]. En este sentido, deben desarrollarse instrumentos de política, como legislación, planes, estrategias, entre otros que tornen efectivo el acceso a el agua de calidad (segura) de forma suficiente y continua, accesible física y económicamente, sin discriminación alguna por condición socioeconómica o algún otro factor, y de forma informada[2]. Asimismo, en los procesos de elaboración e implementación de los distintos instrumentos que se establezcan, la participación ciudadana debe garantizarse, según la ONU[3].
En Costa Rica, a pesar de que a nivel constitucional no se reconoce el Derecho Humano al agua y al saneamiento, existe al menos el Decreto 30480-MINAE emitido en el 2002, que contiene los principios que rigen la Política Nacional Hídrica, el cual establece en su primer artículo “El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente”[4]. Además, la Sala Constitucional en sus sentencias ha reconocido que el agua es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud. También, la Observación General 15 plantea que “… El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”[5].
En la Asamblea Legislativa, en el año 2002, se presentó un proyecto de reforma a la Constitución Política con el objeto de introducir este derecho al agua y al saneamiento de esta, sin embargo, no prosperó.
Así las cosas, existen grandes retos en materia de protección, manejo y distribución de este preciado líquido; tales como: contaminación, prácticas agrícolas y urbanísticas inapropiadas, cambio en el uso de la tierra, saneamiento de las aguas, patrones de consumo y sobre todo, deficiencias en la administración nacional y local del agua.
En este sentido, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud[6], en el año 2002, realizaron un esfuerzo para analizar la situación del recurso hídrico, tanto para ese momento como algunas perspectivas a futuro. Como resultado, el informe que se produjo, llama la atención respecto al contexto institucional el cual se caracteriza por su dispersión, traslape y duplicación de funciones, así como por la ausencia de una rectoría sólida y clara.
Esta situación es preocupante, teniendo en cuenta cifras al 2004 que el mismo informe presenta, por ejemplo: la cobertura de redes de alcantarillado sanitario ronda el 34%, como si fuese poco solo un 4% del agua es tratada. Además, denuncian la situación crítica de los acuíferos de Barba y Colima que abastecen a un 20% de la población, dada la contaminación que sufren. De modo que se proyecta que para años próximos (quince años) esa fuente de agua se perderá.
En conclusión, la administración deficiente del recurso y la falta de proyectos sólidos y de un ente rector fuerte está generando una seria amenaza a la provisión futura del agua e incluso al presente, puesto que aún la cobertura no es universal y no a todos los que tienen acceso a este servicio se les garantiza su potabilidad. Entonces, estamos llamados a tomar medidas inmediatas para asegurar tanto de parte del Estado mismo como de la sociedad en general el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, exigiendo esto como lo que es un derecho y tomando parte del proceso, como la responsabilidad de todos que también es.
